REORGANIZACION ECONOMICA MUNDIAL, REFORMA, MODERNIZACION Y DESARROLLO SOCIAL.
Las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial se caracterizaron por una relativa buena marcha de la economía mundial, no sólo en términos de renta, empleo e inflación -esta simplificación es un error muy frecuente-, sino también en lo que respecta de la consolidación de un estado benefactor que garantizase una protección de los más débiles contra aquellos aspectos más `'duros'' de la economía de mercado.
Las transformación sectorial de los países desarrollados fue muy notable, disminuyendo el peso de la agricultura en su participación en la producción y aún más en el empleo; mientras que las mejoras en la productividad permitieron un incremento de la aportación en la renta de la industria, a pesar de permanecer su representación sobre la población activa, prácticamente invariable; el sector terciario, sin embargo, fue menos sensible a las mejoras productivas al mismo tiempo que absorbió la mano de obra procedente de la agricultura, aumentando por tanto la participación de aquel sobre el empleo, tanto en términos absolutos, como porcentuales en relación con la población activa considerada en su conjunto.
El sector exterior se caracterizó por la estabilidad cambiaria de las principales divisas a raíz de los acuerdos de Bretton Woods, donde se estableció un sistema de cambios cuasi-fijos, con el dólar estadounidense como moneda de referencia.
Los buenos resultados económicos dieron lugar a que se use el término `'La edad dorada de la economías capitalistas'' para referirnos a este periodo, aunque dados los buenos resultados en términos de crecimiento de la Unión Soviética y de dejando a un lado afirmaciones acerca de su ausencia de libertades políticas y la dudosa viabilidad de su sistema económico podemos referirnos con acierto al periodo en cuestión como `'La edad de oro de la Economía''.
Pero toda esta bonanza económica se quebró de forma radical durante el decenio de los setenta, debido a la ruptura del citado sistema monetario y de la decisión de la OPEP de reducir el suministro de petróleo a Europa Occidental y a EEUU y de elevar su precio como represaría por apoyar a Israel en la Guerra del Yom Kippur.
Además del alza de los precios del petróleo, la inflación derivó también del comportamiento de los salarios, que crecieron a finales de los sesenta y principios de los setenta a un ritmo superior al de la productividad, lo que dio como resultado, la repercusión en los precios de los productos, que a su vez era motivo de nuevas reivindicaciones salariales; dando lugar así, a una espiral precios-salarios, ante el cual, los gobiernos occidentales prefirieron -basándose en los supuestos de la curva de Philips- mantener estable el nivel de empleo a costa de una inflación mayor.
Estos efectos sobre los precios e inestabilidad cambiaria derivada de la ruptura del Patrón Dólar, lógicamente, desincentivaron la inversión; de hecho, en 1974 y 1975, todos los países occidentales registraron tasas negativas de crecimiento en la formación bruta de capital, y en los años restantes fueron tasas de crecimiento más reducidas a las previas a la Crísis. Además a este comportamiento de la inversión, hay que sumarle el hecho de que la inversión se empleó en gran medida en adaptar las empresas para que fuesen menos dependientes del petróleo, en lugar de destinarse a incrementos del producto; por lo que no sólo se redujo la inversión en estos años, sino que se volvió menos productiva.
Posteriormente se produciría una nueva Crísis a finales de los 70 y principios de los ochenta, con un nuevo encarecimiento de los precios del crudo, con motivo de la guerra entre Irán e Irak, conflicto en que Estados Unidos apoyó a Irak mediante créditos para hacer frente al gobierno chiita del Allatolah Jomeini.
La Crisis Económica derivada y su imposibilidad de explicarla mediante la Teoría Económica vigente hasta el momento debido a la imposibilidad de aplicar políticas de demanda para estimular el crecimiento debido a las espectaculares tasas de inflación dieron como resultado que, además de una ruptura del crecimiento económico precedente, pueda considerarse como un fracaso intelectual para la dicha Teoría; de tal modo que en los años siguientes la Teoría Económica se configuraría -en contraste con la existencia previa de sistemas que se consideraban como paradigmas (como lo fue la Teoría Clásica a comienzos del siglo XX o el Keynesianismo en la citada Edad Dorada)-, como un conglomerado de diversas teorías.
Otra característica, a nivel mundial, fue el hecho de que las tasas medias de crecimiento de la producción de los países desarrollados logradas en los años 50 y 60 -y que fueron notablemente altas-, no se han obtenido posteriormente, por lo que podemos decir que en términos generales, el crecimiento se ha ralentizado.
La crisis, como se ha citado previamente, afecto a España también, con peculiaridades eso sí. Dichas peculiaridades se derivan en parte de la herencia dejada por el Régimen Franquista y en parte por la coyuntura política y social que atraviesa España en ese momento histórico, ya que son los años en los que se desarrolla la Transición hacia la Democracia.
Se puede dividir el periodo de estudio en diversos periodos, así, los primeros años setenta, hasta el 73' aproximadamente, son de fuerte crecimiento para la Economía Española, aunque ya comienzan a darse signos de cambio, tanto internos (como los signos de agotamiento del gap tecnológico con los países de Europa Occidental y EEUU), como en la coyuntura externa (como es el caso del fin del Patrón Dólar-Oro); esta situación no haría más que estallar ante la decisión de los países de la OPEP de, primero, reducir la producción de petróleo -medida que desecharan bien pronto, pues comprobaron que ellos mismos salían perjudicados- y, el incremento del precio del barril -esta fue la medida por la que apostaron definitivamente como instrumento punitivo-.
Posteriormente, durante el periodo de mediados de los setenta, se adoptaron una serie de medidas para paliar los efectos de la Crisis -medidas que serán detalladas más adelante, aunque podemos concluir, a modo de resumen, que fueron medidas excesivamente tímidas y que no constituyeron alternativas validas para sacar adelante al país de su malestar económico. La situación por tanto, se hacía insostenible, a lo que hay que sumar la dificultad del entorno político consistente en una transición democrática, con lo que si malestares tales como la inflación de dos dígitos era difícilmente aceptable por la mayoría de los españoles, medidas de política económica tales como la contención de las rentas salariales o aumento de la flexibilidad en los mercados de trabajo podían resultar aceptables económicamente, pero no a los ojos del pueblo; así pues, había que adoptar medidas económicas que, en la medida de lo posible, no propiciaran un choque entre Economía y Política, en un entorno de clara incertidumbre.
La firma de los Pactos de la Moncloa el 25 de octubre de 1978, supone un cambio de signo en lo que se refiere a medidas de política económica, pues tales medidas, tenían un talante mucha más reformista que las medidas contra la Crisis previas. Los pactos de la Moncloa que no sólo abarcaba cuestiones económicas, sino que pretendía también una mayor libertad política y social- fueron firmados a modo de consenso de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, desde la derecha hasta los comunistas, cuyos representantes constituían igualmente un espectro de los más amplio, desde Carrillo hasta Fraga Iribarne, aunque este último no suscribiese ciertas medidas de índole político (derecho de reunión y asociación, reforma del código penal y reorganización de los fuerzas de orden público).
La etapa franquista, a pesar del fuerte crecimiento económico que experimento en los años cincuenta y, especialmente, en los sesenta, dejó como herencia a la naciente democracia, una serie de ineficiencias económicas e institucionales, ineficiencias plasmadas en diversos ámbitos de la economía, como es el caso de un mercado de trabajo aún muy intervenido, un Estado con que a la vez que interventor y dirigiste era paradójicamente minúsculo en relación al resto de las economías desarrolladas, una industria excesivamente dependiente de la coyuntura internacional, estas en otras razones dieron lugar a que la Crisis del Petróleo fuera especialmente dura con la Economía Española y no se diera una decidida recuperación hasta bien entrado el decenio de los ochenta.
El sector energético, ante el estallido de la Crisis, los últimos gobiernos decidieron no tomar medidas, alargando artificialmente las consecuencias de la Crisis, que tarde o temprano tendrían que afectar a la Economía Española. De este modo, se postergó la repercusión interior del incremento del precio del crudo, ya que, aunque el encarecimiento nominal del petróleo en España fue muy débil con lo que su demanda de petróleo por parte de España se incrementó, incentivada además por un contexto de tipos de interés reales negativos de modo que en 1979 era un 10% superior a la cantidad de 1972, mientras que en los siete países más industrializados de la OCDE era un 14% inferior. En pocas palabras, en una situación de encarecimiento espectacular del crudo de petróleo (en el periodo 1973-1974 su precio se multiplicó por cinco), las empresas españolas aumentaron su dependencia de este factor.
Este hecho resultó repercutió negativamente cuando a comienzos de los ochenta se produjo un nuevo incremento de los precios del crudo, esta vez con tipos de interés reales positivos. De este modo, la industria española no realizó, al contrario que el conjunto de países de la OCDE, ajustes
El mercado laboral, ante la Crisis, el petróleo no fue el único factor que experimentó un incremento de su precio. El factor trabajo también incrementó su precio notablemente. Para entender este último hecho, primero hay que entender el funcionamiento de mercado laboral durante el comienzo de la década de los setenta.
Los Pactos de la Moncloa surgen como una seria de reformas tanto de índole económico como político, donde hay que destacar, algunas medidas para hacer frente de forma urgente a algunos de los síntomas de la Crisis. Hay que destacar a tal efecto una política monetaria restrictiva destinada a controlar el crecimiento de la oferta monetaria; una política fiscal destinada a sanear las cuentas públicas; una contención del crecimiento de las rentas salariales, fijando el crecimiento de estas en base a la inflación prevista y no a la pasada; se introduce la contratación temporal, a fin de dotar de una mayor flexibilidad al mercado de trabajo.
Los paquetes de medidas.
Como ya se ha citado con anterioridad, las distintas medidas adoptadas, desde 1974 hasta firma de los Pactos de la Moncloa tienen el común denominador de la timidez en su establecimiento y la tenuidad de sus resultados. Los Pactos de la Moncloa supusieron un avance en este sentido. Posteriormente, en el decenio del ochenta seguirían adoptándose reformas, que, junto a la incorporación de España a la UE y sus efectos positivos,-a corto plazo especialmente en las expectativas por parte de los agentes económicos-, ayudarían a situar a la Economía Española en un nuevo ciclo expansivo que se prolongaría hasta principios de los noventa. El decenio de los ochenta, supone pues para la Economía Española, su definitiva reforma de su anquilosamiento heredado del Régimen Franquista y del estancamiento del decenio del setenta, marcado por la Crísis y el malestar económico.
Las medidas de 27 de noviembre de 1974, perseguían aumentar el empleo y la renta, así como reducir la inflación y equilibrar la balanza de pagos.
Entre las medidas adoptadas hay que destacar el aumento de un punto del tipo básico; emisión de deuda externa para compensar el desequilibrio corriente; dentro del ámbito fiscal, se concedieron ciertas ayudas fiscales, reformas sobre el impuesto sobre la renta y la obligatoriedad para todas las empresas que regularicen sus balances de contabilizar sus operaciones de acuerdo a lo dispuesto en el plan general de contabilidad.
Entre las medidas de 7 de abril de 1975, destacan los límites establecidos al crecimiento de las rentas de capital y al de las rentas salariales; la limitación del crecimiento del crédito en un 24%; el crecimiento del dinero líquido de un 19%; un programa de construcción de viviendas a través del gasto público de 50.000 millones de pesetas.
Los pactos de la Moncloa vinieron cuando la situación se hacía insostenible, en un contexto de gran déficit corriente, inflación y desempleo.
El gobierno de Adolfo Suárez, al mando de la UCD, comprende el periodo 1976-1982. Su gobierno se caracterizará por importantes reformas políticas (como es el caso de la legalización de los partidos políticos, incluido el PCE; la Constitución Española o las Elecciones Generales; pero timidez en el tono de sus políticas económicas, a excepción de las adoptadas por Enrique Fuentes Quintana, ministro de Economía y Vicepresidente del Gobierno para los Asuntos Económicos, quien dotó a la Economía del saneamiento requerido a través de los Pactos de la Moncloa.
En efecto, a 30 de agosto de 1976 y febrero de 1977, se lanzaron paquetes de medidas, que como ya se ha citado, no contribuyeron considerablemente al cambio de rumbo de la Economía en materia de reforma estructural ni, -a pesar del tono expansivo en materia fiscal y monetaria- a la salida de la Crísis.
Y llegamos finalmente a los Pactos de la Moncloa, con el convencimiento de Fuentes Quintana, de que fuese cual fuese la fuente originaria de la inflación de dos dígitos que padecía la Economía Española, esta no podría proseguir bajo un contexto monetario que restringiese el crecimiento de la oferta monetaria; y de que una política presupuestaria podía contribuir al mismo tiempo a la expansión de la Economía y al saneamiento presupuestario si se destinaba el Gasto Público de manera coherente, que a juicio de Fuentes Quintana era hacia las inversiones en capital que más productivas pudiesen resultar y que por tanto, pudiesen colaborar a una mejor salida de la Crísis.
No obstante el déficit público una de la notas dominantes hasta bien entrado el decenio del ochenta y siguieron persistiendo otros problemas como es el caso del desempleo y la precariedad, que aún hoy, siguen siendo puntos débiles de nuestra Economía.
Los primeros ochenta.
Si bien como se ha citado los Pactos de la Moncloa introdujeron algunas reformas de importancia en la Economía Española, pero fueron cortas en el horizonte temporal y no supusieron la salida de la Crísis ni la reforma total de la herencia del modelo franquista.
De hecho, el sector industrial, al no modificar su nivel de dependencia energética al compás del resto de los países industrializados (reduciéndolo), sino más bien al revés, producto de la no repercusión previa del incremento del precio internacional del crudo en el mercado interior, la Economía Española se encontró en una situación más vulnerable que el resto de las Economías ante la nueva subida de los precios del crudo desde mediados del 79'.
Esta vez al incremento del precio del petróleo habrá que sumarle los tipos de interés reales positivos y crecientes, así como el racionamiento de crédito, un claro contraste con respecto a la política crediticia del primer shock petrolífero que actúo incentivando la inversión empresarial, la cual a su vez promovía como se ha citado la mayor dependencia del petróleo y que ahora dejaba a las empresas españolas en una difícil situación; situación a la que hay que sumarle las elevaciones salariales y exceso de plantillas.
Dicho todo esto, no es de extrañar que la rentabilidad de las empresas españolas cayese en picado, dados los incrementos del precio de la energía y del trabajo. De hecho, el salario real entre 1971 y 1985 aumentó aproximadamente en un 100% y el petróleo en un ¡400%!.
